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¿ Cómo se valoran las medidas de seguridad adoptadas por la Administración frente al suicidio de un miembro de la Policía Municipal?

La reciente Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo) en la que Asjusa Abogados intervino en defensa de los intereses de la Compañía Aseguradora del Ayuntamiento de Madrid, valora un dramático caso en el que se produjo el fallecimiento por suicidio de un miembro de la Policía Municipal.

Los familiares del fallecido, solicitaban una cuantía total de 168.973,33 € por el fallecimiento del Policía Municipal, quien se suicidó tras sustraer el arma de un compañero de trabajo, alegando que las Administraciones (tanto el Ayuntamiento de Madrid como el Servicio Madrileño de Salud), no adoptaron las debidas medidas tendentes a evitar el fallecimiento, al mantenerle en un puesto de trabajo donde tenía armas a su alcance y haber dado una insatisfactoria respuesta preventiva a su estado psíquico.

La Sentencia analiza la complejidad existente en aquellos supuestos en los que se enjuicia la posible responsabilidad derivada de un suicidio, estableciendo que en este caso en concreto es aún mayor, al tratarse de una persona que no se encontraba ingresada contra su voluntad.

Tras analizar Jurisprudencia análoga al caso, efectúa un exhaustivo análisis de los hechos acontecidos y valora las pruebas que se practicaron, y  concluye que a la vista de las consultas médicas que el trabajador efectuó, no puede reprocharse vulneración de la lex artis a la asistencia psiquiátrica que al mismo se le proporcionó, no sólo porque el mismo fue correctamente valorado (no habiendo existido una verdadera intención autolítica a lo largo del tiempo), sino porque además, no existían criterios para acordar el ingreso involuntario (tal y como manifestaron diversos peritos, entre los que destacó una Perito Judicial imparcial a las partes).

La Sentencia destaca:

“No consideramos que  las apreciaciones de los superiores de don XXXX en la U.I.D. de Retiro puedan desvirtuar las precedentes conclusiones porque carecen de conocimientos médicos para valorar, desde una perspectiva psiquiátrica, la adecuación del alta laboral dada por el Médico de Atención Primaria, la corrección del seguimiento realizado por el Departamento de Salud Laboral y el riesgo de suicidio representado por la conducta anormal del día 22 de noviembre,  que la perito judicial no ha considerado significativa de la presencia de ese riesgo (…)

(…) En tales circunstancias, y puesto que don XXXX había manifestado encontrarse mejor, no cabía exigir del Departamento de Salud Laboral más que continuar el seguimiento citándole para una nueva revisión dentro de un tiempo prudencial, lo que se hizo, de manera que no se puede reprochar fallo del servicio al Departamento de Salud Laboral, ni atribuir el suicidio acaecido al día siguiente de la revisión a la insuficiencia de medidas preventivas por parte de ese Servicio para prevenir tan desafortunado final (…)

(…) Que tan luctuoso hecho se produjera transcurrida una semana desde que el paciente visitó por última vez los servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid y se le hubiera dado el alta laboral no implica una prestación sanitaria desajustada a la lex artis: El dictamen pericial del doctor Valle Fernández y, sobre todo, el de la perito judicial, tan motivado y extensamente explicado y aclarado después, han despejado toda duda acerca de la extrema dificultad de la predicción de conductas suicidas, entre otras razones, porque la enfermedad mental, aún representando el 90% de los factores favorecedores del suicidio, no es determinante de su consumación, siendo de significar que nunca se produjeron conductas auto o heteroagresivas ni se apreció la existencia de una ideación suicida activa, y que los síntomas de ansiedad existentes el 19 de noviembre no hacían pensar que el paciente estuviera decidiendo suicidarse en un futuro próximo”.

Del mismo modo, en relación a la custodia del arma, cuestión que también era discutida por la parte demanda, señala que si bien no se encontraba en el armero de la base de la Policía Municipal, se encontraba bajo llave en la taquilla de un compañero del fallecido:

“Es cierto que el revólver no se custodiaba en el armero, pero también lo es que estaba bajo llave en la taquilla, que el policía 5058.1 pensaba regresar en poco tiempo, que era imaginable que un compañero, al que apenas conocía, le sustrajera las llaves de la misma, y mucho menos para hacerse con su arma, y que la conducta observada esa mañana por don XXXX no habían levantado en nadie ninguna sospecha de que la frustración producida por no haberse resuelto todavía su petición de cambio de turno de la mañana a la noche pudiera ser de tal magnitud que le pudiera llevar a atentar contra su vida de forma repentina e inesperada. (…)

(…) Tampoco se puede atribuir a la insuficiencia de medidas de seguridad en la custodia del arma por parte del policía 5058.1, sino a una conducta repentina e impulsiva de la propia víctima”.

Esta Sentencia permite apreciar la complejidad que supone la valoración de aquellos casos en los que se ha producido el suicidio de una persona, dado que no sólo se debe cuestionar si la actuación de las Administraciones fue correcta en el momento en el que la misma se llevó a cabo (evitando con ellos valoraciones a sabiendas del hecho acontecido), sino además, una cuestión mucho más compleja, consistente en determinar si el fallecido pudo presentar realmente una ideación autolítica de manera previa a su muerte.