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Postura ante la teoría quasi objetiva en los procedimiento de autos

A la hora de defender los intereses tanto de particulares como de las aseguradoras en los procedimientos judiciales derivados de la responsabilidad civil por accidente de tráfico, varias son las cuestiones que debemos considerar.

En primer lugar, debemos tener en cuenta que es necesario concretar la naturaleza de las acciones ejercitadas por parte de quien reclama. Estos supuestos son claramente de responsabilidad extracontractual.

Dicha acción de reclamación, se halla inspirada en el principio general del derecho “alterum non laedere”, que fue recogido en la Lex Aquilia y que posteriormente se reguló en el tan conocido artículo 1.902 del Código Civil.

Una vez concretada la responsabilidad extracontractual, son tres los requisitos ineludibles que deben cumplirse: a) Acción u omisión realizada por la persona a quien se atribuye la responsabilidad o por otra de quién debe responder aquella contra la que la demanda se dirige; b) Daño o perjuicio constatado y determinado cuantitativamente; c) Nexo o relación de causalidad que relacione los dos extremos anteriores de forma inequívoca.

Dicho lo anterior, debemos tener en consideración que el Tribunal Supremo a partir de su Sentencia 10 de Julio de 1943, empezó a invertir la carga de la prueba, dando entrada a la responsabilidad por riesgo.

De este modo, quien habiendo causado un daño pretende exonerarse de la responsabilidad que le corresponde, debe acreditar que su actuación no merece la calificación de culposa o negligente, por haber actuado con la diligencia debida o en su caso, se consiga la acreditación de la ruptura del nexo causal.

Esta cuestión es la que nos lleva a la tan arraigada tradición llevada a cabo por nuestros Tribunales, sirviendo de ejemplo la postura mantenida entre otras por la Audiencia Provincial de Baleares, quien en su Sentencia 129/2017 de 24 de Abril, rec. 19/2017, en su Fundamento de Derecho Tercero indica: “(…) Dicha falta de prueba, obliga a acudir a la doctrina de la cuasi objetividad, a que se refería este mismo Tribunal entre otras en Sentencia de fecha 12 de Enero de 2007 “la determinación de las consecuencias jurídicas de la falta de pruebas sobre las causas y modo de producirse un accidente de circulación es objeto de controversia doctrinal y las resoluciones de los Juzgados y Tribunales no son unánimes, pero es criterio reiterado de esta Audiencia Provincial, y de esta Sección desde su creación, el iniciado por la sentencia de la Sección Tercera de esta Audiencia de 4 de marzo de 1991, de que en supuestos de responsabilidad por daños materiales cubiertos por el seguro obligatorio con falta de prueba de los hechos constitutivos de las respectivas pretensiones se aplique un criterio de responsabilidad cuasi objetiva, de manera que el conductor sólo podrá eximirse de su responsabilidad, al igual que cuando de daños corporales se trata, si se prueba que se causaron por culpa o negligencia exclusiva del perjudicado o fuera mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo”.

Dichos argumentos son los recogidos en la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de Septiembre de 2012 y en otras tantas del Alto Tribunal. A ello se añade el hecho de que la inversión de la carga de la prueba es aplicable únicamente para probar la concurrencia de causas de exoneración y, en el caso de los daños materiales que el conductor ha actuado de manera plenamente dirigente. Todas estas cuestiones se suscitan cuando existe demanda únicamente de una parte, y la otra tiene que oponerse a la reclamación.

De hecho, el artículo 1.1.inciso primero del RD 8/2004 de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (en adelante LRCSCVM), establece que “el conductor de vehículos a motor es responsable, en virtud del riesgo creado por la conducción de éstos, de los daños causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación”, añadiendo en su inciso segundo que “en el caso de daños a las personas, de esta responsabilidad sólo quedará exonerado cuando pruebe que los daños fueron debidos a la culpa exclusiva del perjudicado o fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo; no se considerarán casos de fuerza mayor los defectos del vehículo ni la rotura o fallo de alguna de sus piezas o mecanismos”.

Dicho precepto y sus análogos, fijan el principio de inversión de la carga de la prueba de la culpabilidad, sin embargo, no hacen lo propio con el alcance de los daños y perjuicios y la relación de causalidad entre aquellos y el siniestro, cuya acreditación corresponde al demandante.

La experiencia nos dice que, en caso de demanda y reconvención, suelen atender los Juzgados a una doble condena, al objeto de equiparar ambas pretensiones; mientras que, en caso de existir una única demanda, los Jueces tienden a seguir la línea jurisprudencial donde quien reclama inicialmente es quien obtiene sin género de dudas una sentencia estimatoria.

No obstante, a pesar de esta extensa línea Jurisprudencial, y lo complicado del asunto, se puede desvirtuar dicho criterio que atienden de forma estricta la carga de la prueba.

Tras lo expuesto, es evidente que la carga de la prueba establecida y reconocida en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es fundamental, debiéndose descartar la responsabilidad de nuestro representado en caso de ser demandado y demostrar de forma fehaciente la ausencia de responsabilidad en la ocurrencia del siniestro.

Finalmente, debemos recordar que en caso de que la prueba sea dudosa, o escasa, es conveniente plantearse llegar a un acuerdo con la contraria, salvo que quepa la posibilidad de reconvenir lo que dará lugar a una posible doble estimación.

Elena Rabasco Noche

Abogada ASJUSA