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El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto por Asjusa Abogados y concluye que no es posible revisar en ejercicio de la acción directa contra la aseguradora de la Administración una resolución administrativa firme

A principios del mes de junio, el Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia de la que ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Baena Ruiz, en la que analiza el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia de apelación dictada por la Audiencia Provincial de Madrid y en la que resuelve la discrepancia existente entre nuestros Tribunales respecto a los efectos en la vía civil de una resolución administrativa firme en aquellos casos en los que por el perjudicado, se interpone demanda contra la aseguradora de la administración ejercitando la acción directa del artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro.

El procedimiento tenía su origen en una asistencia sanitaria en un hospital público a la que se imputaba por los reclamantes las graves secuelas neurológicas que presentaba el paciente, que daban lugar a una incapacidad del 100%.

Por parte de los familiares del paciente se interpuso reclamación de responsabilidad patrimonial que fue estimada parcialmente por resolución expresa de la administración y que devino firme al no ser recurrida ante los juzgados del orden contencioso-administrativo. Los reclamantes presentaron demanda frente a la aseguradora de la administración al amparo de la acción directa regulada en el artículo 76 de la LCS.

Tanto la sentencia de instancia como la de apelación desestimaron la excepción planteada por Asjusa Abogados, consistente en que al haber devenido firme la resolución administrativa la responsabilidad del asegurado está ventilada, sin que sea posible solicitar mayor indemnización a la aseguradora en ejercicio de la acción directa.

El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, tras reconocer la posibilidad del administrado de ejercitar la acción directa contra la aseguradora de la administración (si bien, bajo los criterios de la responsabilidad patrimonial de la administración), aclara que no hay dos responsabilidades en juego, sino únicamente la responsabilidad de la administración asegurada, y que puede ser exigida al propio organismo público o bien a su aseguradora.

A continuación, fija los límites de la acción directa recordando que, en virtud del artículo 73 de la LCS, el asegurador responde dentro de los límites del contrato y de la Ley, si bien dicha acción se basa en tres principios: autonomía de la acción, solidaridad de obligados y dependencia estructural respecto de la responsabilidad del asegurado.

Sentado lo anterior, el Alto Tribunal entiende que la aseguradora no puede quedar obligada más allá que su asegurado, siendo contrario a la legalidad que se utilizase la acción directa para impugnar el acto administrativo, que se había consentido. En casi contrario, se conseguiría el reconocimiento en vía civil de una responsabilidad distinta a la consentida por los perjudicados al no acudir a la jurisdicción contenciosa, única que podría revisarla.

En definitiva, y tras más de ocho años perfilando la cuestión antes de los juzgados y tribunales civiles, el Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto por Asjusa Abogados sobre los efectos de las resoluciones administrativas firmes, sentando Jurisprudencia sobre la imposibilidad de pretender un pronunciamiento diferente en vía civil ejercitando la acción directa contra la aseguradora de la administración.