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No todo retraso de diagnóstico implica pérdida de oportunidad

Así lo ha considerado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sección Quinta, en su reciente Sentencia de 24 de septiembre de 2018, sentencia núm. 1411/2018, de la que ha sido ponente el Excelentísimo Sr. Juan Carlos Trillo Alonso.

La sentencia, resuelve el recurso de casación interpuesto por los padres de un menor que sufrió múltiples secuelas neurológicas como consecuencia de una demora diagnóstica de una hemorragia intracraneal, siendo la causa del retraso la decisión del pediatra de Atención Primaria de no remitir al paciente a Urgencias hospitalarias, infravalorando los síntomas que presentaba el paciente.

El Alto Tribunal, desestima la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración, admitiendo los argumentos planteados por Asjusa Abogados que ostentaba la defensa de la aseguradora de la Administración, considerando que el mero hecho de que se produzca una demora en el diagnóstico no implica la aplicación automática de la pérdida de oportunidad y la consiguiente indemnización.

En este caso, la sentencia, tras remitirse a la totalidad de la prueba practicada, considera que existió una actuación inadecuada por parte del pediatra del Centro de Salud quien, ante el aumento considerado del perímetro craneal del menor en poco tiempo, debería haber sospechado de una patología neurológica y haber remitido al Hospital.

Sin embargo, considera que aunque a priori el tratamiento precoz de la hemorragia cerebral supondría un mejor pronóstico funcional, es procedente apuntar que, aun habiendo sospechado patología y procedido a derivar al niño al Hospital dos días antes para estudio de ese crecimiento, y en su caso haberse confirmado por medios diagnósticos lo que se puso en evidencia 2 días más tarde, la actuación hubiese sido la misma, ya que la ausencia de signos de compromiso neurológico, hubieran hecho adoptar la misma decisión terapéutica.

El Supremo desestima el recurso de casación al considerar que: “no es posible apreciar responsabilidad patrimonial alguna por parte de la Administración, ni siquiera en aplicación de la doctrina jurisprudencial de la pérdida de oportunidad en cuanto caracterizada por la incertidumbre acerca de si la actuación médica omitida pudiera haber evitado o minorado el deficiente estado de salud del paciente”.

Por tanto, la sentencia confirma la línea mantenida por el Tribunal Supremo, entre otras en la Sentencia núm. 462/2018 de 20 marzo. RJ 2018\1376, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, donde se recuerda que si bien la pérdida de oportunidad es una figura alternativa a la quiebra de la lex artis, es necesario que concurra un daño antijurídico como consecuencia del funcionamiento del servicio, circunstancia que no concurría en este caso al haberse acreditado que no se hubiese modificado la actuación que se llevó a cabo con un diagnóstico previo.