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El empresario no tiene acción de repetición frente al servicio de prevención (SPA) cuando la administración sanciona de manera independiente a cada entidad y además el SPA ha quedado absuelto de sus infracciones

La LISOS considera posibles sujetos responsables de las sanciones administrativas al empresario y también al Servicio de Prevención Ajeno, y precisamente, cuando ambos sean sancionados por el mismo accidente de trabajo, no cabe que la empresa trate de repetir su sanción frente al Servicio de Prevención, más aún si, como en el caso, la jurisdicción contenciosa anuló la sanción al Servicio de Prevención.

La Audiencia Provincial de Almería ha resuelto la apelación presentada por una empresa frente a la sentencia de instancia que desestimaba la acción de repetición, reclamación de cantidad por incumplimiento contractual al amparo del artículo 1.101 del Código Civil, presentada contra una sociedad de prevención de riesgos por las sanciones impuestas tras una inspección de trabajo, sanciones que la vía contencioso administrativa ratificó respecto a la empresa.

La empresa fue objeto de inspección en el centro de trabajo levantándose un acta de infracción por cuatro infracciones relativas a formación, vigilancia de la salud, deficiencias en la evaluaciones de riesgos y plan de medidas de control, imponiéndole una sanción que fue reducida en la vía contencioso-administrativa, siendo esta suma la que es objeto de repetición al considerar la empresa que las infracciones son consecuencia directa de incumplimientos de la empresa de prevención contratada, ya que esta tenía como obligación contractual pactada la formación, vigilancia de salud, evaluación de riesgos y plan de medidas  de control.

La sentencia de instancia desestimó la pretensión de la empresa al considerar que concurría cosa juzgada positiva sobre la base de: “la existencia de dos expedientes sancionadores y de dos procedimientos contencioso administrativos no revela otra cosa que la administración levantó las citadas actas de infracción haciendo responsable a cada una de las partes del presente procedimiento de cada una de las infracciones que obran en las citadas actas, con el resultado de que, si bien la actora fue finalmente condenada por ser confirmada en parte la sanción impuesta por  la administración, la parte demandada en el presente procedimiento fue absuelta de las infracciones supuestamente cometidas de modo que quedó anulada la sanción que contra ella se impuso”.

Frente a dicha sentencia, la empresa recurrió en apelación, siendo nuevamente desestimada su pretensión.

La Sala analiza las distintas sanciones incluidas en el expediente, confirmadas en vía contenciosa, estableciendo respecto a la responsabilidad relativa al cumplimiento y efectiva ejecución del plan de prevención, que corresponde al empresario, al afirmar que: “si estas se recogen en los planes y no se ejecutan por quienes están obligados no es responsabilidad de la empresa planificadora, art. 16 de la Ley 31/1995, sino de quien tiene que implementar lo diseñado, no se puede afirmar que exista incumplimiento del contrato en relación a estas dos cuestiones, existió evaluación de riesgos y planificación preventiva”.

Asimismo, la Audiencia Provincial considera que una sanción que ha sido dejada sin efecto en la vía contencioso-administrativa, no puede ser objeto de reembolso económico.

Finalmente, analiza la sanción relativa a la formación de los trabajadores, considerando que no puede existir responsabilidad alguna de la sociedad de prevención máxime cuando es imprescindible la colaboración de la empresa.

Así, establece: “, dado que tenía que proporcionar el horario oportuno para impartirlos, siendo el mayor obstáculo el que la mayoría de los trabajadores eran conductores de camión, prestando su actividad laboral fuera del centro de trabajo, y más aún en el extranjero, lo que motivo que se acordara darlos mediante manuales con formación a distancia, y eso se proporcionó.

Por este motivo, se sancionó a la empresa y también a la sociedad de prevención, a esta última se le revocó la sanción por ser responsabilidad de la actora que no puede derivar hacia otros, art. 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales”.

En definitiva la Sala, confirma que no ha quedado probado el incumplimiento de la sociedad de prevención de riesgos, cuya defensa ostentaba Asjusa Abogados, desestimando el  recurso  planteado  y condenando en costas.