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No es necesario informe de impacto de género para aprobar un PGOU

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha resuelto el recurso de casación interpuesto por la administración autonómica y local contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y en la que declaraba la nulidad del PGOU por haberse aprobado pese a no contar con un informe de impacto de género.

La sentencia de instancia declaró la nulidad del PGOU al considerar que, si bien es cierto que la normativa autonómica no imponía la obligatoriedad del informe de impacto de género, era de aplicación la cláusula de supletoriedad del derecho estatal que así se exigía.

Sin embargo, la Sala Tercera del Tribunal Supremo estima el recurso y considera que la aplicación de la cláusula de supletoriedad del derecho estatal para requerir el informe de impacto de género como elemento necesario para la aprobación del PGOU, no tiene sustento jurisprudencial

La sentencia establece que, si bien no es exigible el informe de impacto de género, ello no implica que se pueda analizar vía impugnación del Plan aquellas cuestiones específicas que pueda tener algún efecto de naturaleza discriminatoria.

En el caso analizado, no entra a valorar si existe o no alguna cuestión específica al no ser objeto de recurso, ya que la nulidad del PGOU se centraba exclusivamente en la existencia o no del informe, motivo por lo que el plan no puede ser objeto de una declaración genérica de nulidad.

Finalmente, la sentencia destaca porque declara como doctrina jurisprudencial que si bien la cláusula de aplicación supletoria del derecho estatal no permite sostener la exigencia a las Comunidades Autónomas de un requisito, como es el informe de impacto de género, en materia de ordenación urbanística, que no figura previsto en su propia legislación, el principio de igualdad de trato exige una ordenación adecuada y dirigida, entre otros fines, a lograr la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, esto es, no es necesario el sometimiento del plan a un trámite específico para que esa perspectiva sea tenida en cuenta y para que, en otro caso, el citado plan pueda ser impugnado y el control judicial alcanzar a dichos extremos.