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La vía civil no interrumpe la prescripción en materia de Responsabilidad Patrimonial

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares en una reciente sentencia en la que desestima la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración, entra a resolver la problemática de la prescripción en aquellos casos en los que con anterioridad ha existido algún tipo de procedimiento en otro orden jurisdiccional.

En el caso analizado, con anterioridad a la presentación de la reclamación patrimonial, los perjudicados interpusieron una demanda civil frente a la administración, siendo inadmitida por el Juzgado de Primera Instancia al considerar que existía una clara falta de competencia del órgano civil para resolver la responsabilidad patrimonial de la administración.

La sentencia analiza los efectos interruptivos de dicha demanda, tal y como se alega por el demandante, y, admitiendo las alegaciones de Asjusa Abogados, considera que la acción civil no tiene efectos interruptivos de la prescripción, ya que existe exclusividad de la jurisdicción contencioso administrativa en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

A este respecto, el Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares recuerda la jurisprudencia de la Sala Tercera del Supremo respecto a que la prescripción se interrumpe siempre y cuando la reclamación se haya efectuado por una vía que no suponga, de forma manifiesta, inidónea o improcedente, considerando al respecto que no es posible apreciar interrupción de la prescripción por una acción civil que es manifiestamente inadecuada, improcedente e inidónea.

Asimismo, la sentencia del Tribunal balear entra a analizar la disyuntiva relativa a los efectos interruptivos de la prescripción de la solicitud del beneficio de justicia gratuita.

Pues bien, el Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares recuerda que, para presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración, en base al artículo 70 de la derogada Ley 30/1992, no es necesaria la dirección letrada, por lo que su solicitud, no puede considerar que tenga efectos interruptivos.

En resumen, la sentencia vuelve a incidir en la idea de la Sala Tercera relativa a la ausencia de efectos interruptivos de cualquier acción o trámite innecesario o improcedente a efectos de solicitar la responsabilidad patrimonial de la Administración.