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La retirada de una licencia por motivos médicos no implica el reconocimiento automático de la situación de incapacidad

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en su sentencia de 28 de septiembre de 2017 (rec. 3978/2015), ha estimado el recurso de casación por unificación de doctrina presentado por en INSS y la TGSS frente a la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la que se resolvía la suplicación presentada por la trabajadora y en la que se estimaba su solicitud de declaración de incapacidad permanente total.

El motivo de reclamación trae causa en el recurso presentado por una taxista frente a la desestimación por el INSS de la declaración de incapacidad permanente para su profesión habitual tras haberle sido retirada la licencia por el Ayuntamiento de Madrid por entender que había perdido las aptitudes necesarias.

La Sentencia, de la que ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Antonio V. Sempere Navarro, considera que la pérdida o revocación administrativa del permiso o licencia habilitante de la profesión de conductor no conlleva el reconocimiento de la situación de incapacidad de manera automática.

Respecto a la aplicación automática de la incapacidad, la Sala considera que: “La decisión por órganos administrativos sobre la vigencia, renovación o extinción de autorizaciones para la conducción (o en supuestos análogos como pudiera ser la supervisión de las licencias de vuelo, necesarias para el desempeño de la profesión habitual de tripulante de cabina de pasajeros), no podemos entender que absorba o neutralice la competencia de la entidad gestora para el reconocimiento de una situación de IPT y las prestaciones de la modalidad contributiva”.

Respecto a la finalidad de la Resolución del INSS, la Sentencia considera que: “La resolución del INSS no aparece como un acto debido o ancilar del que pueda emitir el órgano sectorial que conoce sobre las licencias para conducir vehículos. Es evidente que ese dato debe ser ponderado, al igual que el resto de los que consten en el expediente tramitado, pero concederle valor determinante comportaría contradecir el mandato de la LGSS y trasladar a un tercero la facultad de decidir sobre la existencia de una IPT”.

Por tanto, la Sala considera que el INSS debe denegar la situación de incapacidad si tras tramitar el correspondiente expediente, el tribunal médico considera que el cuadro secuelar no le incapacita para las tareas propias de su actividad profesional, lo que implica la no aplicación automática de la declaración de incapacidad por la no renovación de la autorización administrativa

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