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La posibilidad de que se produzca una caída en una instalación infantil no conlleva que el riesgo rebase el estándar de seguridad exigible

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Gijón ha resuelto en una reciente sentencia la problemática existente en los casos de caídas de niños en parques de juego infantiles, desestimando la pretensión de la actora y considerando que por el hecho de producirse en una zona infantil de titularidad municipal no implica per se un deber indemnizatorio.

En este caso, los reclamantes consideraban que existió una falta de conservación y mantenimiento del área de juego por parte del Ayuntamiento, no existiendo igualmente información mínima para evitar los riesgos posibles.

Asimismo, se alegaba que es obligación de la Administración la evaluación de riesgos a fin de establecer la acción preventiva a seguir a partir de una evaluación inicial de riesgos y las acciones que deben adoptarse, conforme establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, basando su pretensión en un informe pericial que analizaba el accidente enjuiciado desde dicha perspectiva.

El juzgador considera que no es de aplicación la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que los demandantes aplicaban por analogía, al considerar que en el caso objeto de sentencia se trata de determinar, si el juego infantil en el que se produjo la caída del menor, cumplía las exigencias de seguridad necesarias para la utilización del mismo por los menores a los que está destinado, y no, tal y como establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo, existiendo una normativa específica para seguridad de instalaciones infantiles que en este caso si se cumplía.

En segundo lugar, la sentencia desestima cualquier responsabilidad del ayuntamiento en lo relativo a la falta de información acerca del grupo de edades para las que estaba indicado o contraindicado cada área, existiendo únicamente un cartel en el que se decía área de juegos para niños hasta 12 años, sin especificar la edad recomendada para cada juego.

La sentencia, tras remitirse al informe aportado por el ayuntamiento, considera que los toboganes donde se produjo la caída no resultaban contraindicados para el menor y el hecho que las mallas por las que se trepa a las plataformas de juego permita por sus dimensiones que se pueda colar un niño no es motivo suficiente para que se estime la existencia de responsabilidad.

A este respecto, el Juzgador considera que tal posibilidad solo puede darse con un uso completamente inadecuado del juego, que en este caso, al estar el niño acompañado por su madre, hace que se rompa la causalidad, ya que es la progenitora, quien mejor conoce la capacidad física de su hijo para realizar un juego que, en la medida en que supone trepar por una malla, conlleva siempre un riesgo de caída a distinto nivel, riesgo que igualmente existe aunque la malla en cuestión tuviera un diámetro menor, máxime cuando la caída es consecuencia de una deficiencia en el agarre de las cuerdas.

En este sentido, la sentencia entiende que si la madre del menor consideraba que las características del juego resultaban peligrosas para su hijo, pudo impedirle su utilización o bien supervisarla para evitar que intentara acceder al nivel superior, motivo por el cual desestima cualquier tipo de responsabilidad del ente local.

Finalmente, la sentencia considera que no existe constancia probatoria de que la utilización de dicho juego haya provocado otros accidentes con resultado lesivo para los menores usuarios del mismo, lo que le lleva a determinar que la posibilidad de que se produzca una caída no supone que la zona infantil conlleve un riesgo que rebase el estándar de seguridad exigible, de modo que no resulta posible imputar el accidente sufrido por el menor al funcionamiento del servicio municipal concernido.