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Las entidades deben informar sobre los riesgos del cobro en los planes de pensiones

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha dictado recientemente una sentencia en la que aborda la obligación de transparencia de las entidades de planes de pensiones y su obligación de informar sobre los riesgos y las distintas modalidades de cobro una vez alcanzada la jubilación.

El caso objeto de análisis por el Supremo tiene su origen en la demanda presentada por los hijos de un asegurado que, en el momento de su jubilación, optó por cobrar su plan de pensiones mediante renta mensual asegurada fija durante quince años. Sin embargo, antes de la finalización del plazo fallece tanto el asegurado como el beneficiario en caso de muerte, siendo el motivo de demanda el pago de las rentas devengadas desde el fallecimiento del padre hasta el periodo de finalización de los quince años.

En primera instancia, la pretensión de las demandantes fue estimada, si bien con posterioridad, la Audiencia Provincial de Zaragoza revocó la sentencia al considerar que la prestación quedaba extinguida con el fallecimiento del trabajador y de su esposa.

Sin embargo, el Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo estima el recurso de casación al considerar que en este caso se incumplió por parte de la entidad de planes de pensiones su obligación de transparencia e información sobre los derechos del titular, así como de las distintas modalidades de cobro de la prestación (pago único o renta variable no garantizada).

El Tribunal Supremo entiende en este caso que, al ser los planes de pensiones productos comercializados como medida de ahorro, la expresión renta asegurada, para un ciudadano medio sin conocimientos específicos en el área, implica una garantía de cobro durante ese tiempo, con independencia de lo que suceda durante el periodo de tiempo garantizado.

Finalmente, la sentencia entiende que la entidad debe informar de manera expresa y con claridad sobre los riesgos inherentes a esta modalidad de renta asegurada en caso de fallecimiento tanto del beneficiario como de la persona que haya establecido como sustituta en caso de fallecimiento, ya que entiende que en un caso extremo, se podría extinguir por completo el derecho al cobro íntegro de la prestación del plan de pensiones, sin que los herederos tuviesen derecho alguno sobre el ahorro acumulado.