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La denegación de licencia a una terraza previamente concedida no implica la existencia de un deber indemnizatorio.

Así lo ha determinado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Gijón en una reciente sentencia, 4 de abril de 2018, en el que desestima la existencia de responsabilidad patrimonial del ayuntamiento de Gijón.

El reclamante, quien tenía arrendada la terraza de una cafetería, solicita una indemnización por los gastos de acondicionamiento de la terraza y los derivados del arrendamiento del establecimiento, dado que la no renovación de la licencia de aprovechamiento de la terraza hacía inviable el negocio.

Asimismo, basaba su pretensión en que el otorgamiento de licencias y la renovación de las mismas es un acto reglado, por lo que habiéndose concedido la misma y siendo renovada en los años sucesivos, el demandante en la confianza de la legalidad y legitimidad de los actos administrativos de concesión de licencia y sus renovaciones, realizó una serie de inversiones que ahora han resultado inservibles, lo que implica un daño que no tiene el deber jurídico de soportarlo.

Se añade en cuanto al nexo causal entre la acción u omisión de la Administración Pública y el daño, que el Ayuntamiento autoriza la instalación de una terraza en un espacio que no es de su propiedad y posteriormente, se percata de ello cuando el gasto ya se había realizado lo que supone además un funcionamiento anormal de los servicios públicos.

Por parte de la administración, se alegaba que, si bien había concedido la licencia, con posterioridad y tras las visitas del técnico municipal se decidió no renovar la misma por considerar que la terraza se encontraba instalada en zona de servidumbre de uso público.

Asimismo, la administración consideraba que la terraza litigiosa estaba ubicada en una calle de uso público, de titularidad privada, por lo que la licencia que otorgó el ayuntamiento no prejuzga la titularidad de los terrenos, pero ello no significa que no pueda ser denegada cuando existan dudas sobre la autorización por parte del propietario del terreno, por lo que  los técnicos municipales propusieron la instalación de la terraza en una zona alternativa de titularidad pública.

La sentencia desestima los argumentos de la actora, admitiendo los esgrimidos por Asjusa Abogados que ostentaba la defensa de la aseguradora de la Administración y llega a la conclusión  que la decisión del Ayuntamiento de no renovar la licencia fue ajustada a Derecho al modificarse las condiciones de la terraza, pasando del consentimiento tácito de los propietarios del terreno a una oposición expresa al mismo.

El Juzgado de Gijón considera que: “las condiciones de la terraza se han modificado por causa no imputable al Ayuntamiento, sino a un tercero (Comunidades de Propietarios titulares de los terrenos), de modo que de no haberse producido un cambio de criterio por parte de estas últimas, el Ayuntamiento (con toda probabilidad) hubiese renovado la licencia de la terraza. Este cambio de criterio del dueño del terreno es una circunstancia que interfiere de modo relevante el nexo causal que el actor establece entre la actuación municipal y los perjuicios que reclama comportando una ruptura del mismo y por tanto impide el éxito de la acción entablada en el presente proceso”.

Por tanto, la sentencia desestima al considerar que la causalidad vendría quebrada por la “intervención de un tercero”  que en este caso  reviste la suficiente intensidad para resultar determinante del resultado lesivo, quebrando la relación con el servicio público en cuyo ámbito se han producido los hechos, aunque hubiese sido incorrecto el funcionamiento del servicio público.