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Derecho al olvido ¿Es posible que tenga alcance mundial?

El gigante Google estimó en su día una solicitud presentada por un usuario para que fueran suprimidos los vínculos a distintas páginas de Internet con información suya desactualizada

Por su parte, la presidenta de la Commision nationale de l’informatique et des libertés (Comisión Nacional de Informática y Libertades de Francia, CNIL), requirió a Google para que aplicase esta supresión respecto de todas las extensiones de nombre de dominio de su motor de búsqueda. Google se negó a cumplir dicho requerimiento, limitándose a suprimir exclusivamente los vínculos de los resultados aparecidos tras las búsquedas realizadas desde los nombres de dominio correspondientes a las extensiones de su buscador en los Estados miembros de la Unión Europea.

Por otra parte, la CNIL consideró insuficiente la propuesta complementaria denominada de “bloqueo geográfico” presentada por Google tras el vencimiento del plazo del requerimiento. El “bloqueo geográfico” consistía en eliminar la posibilidad de acceder desde una dirección IP, presumiblemente localizada en el Estado de residencia de la persona interesada, a los resultados controvertidos obtenidos a raíz de una búsqueda realizada a partir de su nombre con independencia a la extensión del motor de búsqueda solicitada por el usuario.

Después de constatar que Google no se había atenido a dicho requerimiento en el plazo establecido, la CNIL, mediante resolución de 10 de marzo de 2016, le impuso una sanción de 100 000 euros que se hizo pública. A través de la demanda presentada ante el Conseil d’État (Consejo de Estado actuando como Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Francia), Google solicitó la anulación de la resolución y el Conseil d’État decidió plantear tres cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europeoa. De esta manera, el pasado 10 de enero de 2019 fueron presentadas las conclusiones del Abogado General el Sr. Maciej Szpunar.

En respuesta a la primera cuestión prejudicial, el Sr. Szpunar señala que la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995 relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, no regula de manera expresa los efectos extraterritoriales de la desindexación. Por ende y según su criterio, es necesario diferenciar en función del lugar desde el que se efectúa la búsqueda. En este sentido, las peticiones de búsqueda realizadas fuera del territorio de la Unión Europea no deberían verse afectadas por la desindexación de los resultados de la búsqueda. En consecuencia, su opinión no es favorable a que las disposiciones del Derecho de la Unión Europea se interpreten de forma tan amplia que produzcan efectos más allá de las fronteras territoriales de los Estados miembros. El Sr. Szpunar señala que en materia de Derecho de la competencia o de Derecho de marcas, sí son admitidos los efectos extraterritoriales, pero matiza que esta posibilidad no es comparable con el caso de Internet debido a su propia naturaleza de carácter mundial. Según el Abogado General, ha de realizarse una ponderación entre el derecho fundamental al olvido y el interés legítimo del público en acceder a la información buscada.

Asimismo, el Abogado General señala en sus conclusiones que, en el caso de admitirse una desindexación a nivel mundial, las autoridades de la Unión Europea no estarían en condiciones de definir y determinar el derecho a recibir información y aún menos de ponderarlo con otros derechos fundamentales como la protección de datos y la vida privada, sobre todo porque el interés del público en acceder a la información variará según su localización geográfica, de un tercer Estado a otro. Además, la desindexación con efecto mundial podría llegar a impedir el acceso a la información a personas de terceros países y a su vez, que terceros Estados impidiesen el acceso la información a las personas de los Estados de la Unión Europea.

Aunque el Abogado General considera que en determinados casos podría llegar a obligarse a un gestor de un motor de búsqueda a proceder a una desindexación a nivel mundial, defiende que no es justificable en el presente asunto. Por este motivo, propone al Tribunal de Justicia que declare que el gestor de un motor de búsqueda no está obligado, en los casos en los que estime una solicitud de desindexación, a proceder a la misma en todos los nombres de dominio de su buscador de forma que los vínculos controvertidos dejen de aparecer independientemente del lugar desde el que se ha realizado la búsqueda sobre el nombre del usuario.

Por el contrario, el Sr. Szpunar subraya que, una vez establecido el derecho a la desindexación en la Unión, el gestor de un motor de búsqueda deberá tomar todas las medidas a su disposición, incluida la del “bloqueo geográfico”, para garantizar una desindexación eficaz y completa en el territorio de la Unión Europea desde una dirección IP que presumiblemente esté localizada en uno de los Estados miembros, independientemente del nombre de dominio utilizado por el usuario que efectúa la búsqueda.