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El atestado de la guardia civil es determinante para acreditar el correcto estado de conservación de la calzada

A la hora de resolver los procedimientos de responsabilidad patrimonial de la Administración en materia de accidentes de circulación como consecuencia del estado de conservación de la calzada, nuestros tribunales tienen que lidiar sobre el valor que otorga a los distintos informes obrantes en el expediente administrativo, teniendo que argumentar los motivos por los que le lleva a dar mayor valor a un informe respecto al resto.

En este caso, en el que se reclamaba por las lesiones sufridas por un ciclista como consecuencia de una caída por el mal estado de conservación de una carretera secundaria, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, desestima la existencia de responsabilidad patrimonial de la administración por el mal estado de conservación de la calzada sobre la base del atestado emitido por la Guardia Civil.

Con independencia de la imparcialidad que se le presupone al atestado emitido por los miembros de los cuerpos de seguridad del estado, la Sentencia, haciendo suyas las alegaciones realizadas por Asjusa Abogados que defendía los intereses de la aseguradora de la administración, subraya la importancia que tiene el hecho que dicho informe se realice a los pocos minutos de producirse el accidente frente a los informes de parte que suelen elaborarse de manera tardía y siempre en el contexto de un procedimiento judicial.

Así, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de  Asturias establece sobre el valor de los informes periciales: “es preciso tener en cuenta lo actuado en el atestado instruido por la Guardia Civil de Tráfico levantado minutos más tarde de ocurrir el accidente por la caída de la bicicleta del recurrente, lo que adquiere notoria importancia, no sólo por haber sido levantado por la misma, sino porque se realizó el mismo día y a los pocos minutos de producirse aquél, esto es, con inmediatez a diferencia de los restantes informes, pues el emitido a instancia de la parte recurrente se realizó el 10-3-2017, esto es, más de 4 años de producirse aquél como reconoció al minuto 7,03 de la prueba practicada al manifestar que no habla del momento del accidente porque él no estaba”.

Por tanto, el Tribunal considera relevante a efectos probatorios el tiempo transcurrido en la emisión de las distintas periciales.

Tras valorar la prueba, la sentencia desestima la demanda al considerar que “la actuación imprudente del ciclista que procedió a realizar una maniobra de adelantamiento del camión por el margen derecho sin adoptar para ello las máximas precauciones que exige el Reglamento General de Circulación y, en particular, sin respetar la distancia mínima de seguridad en este tipo de maniobra”.

En consecuencia, la actuación inadecuada del ciclista al realizar una maniobra de adelantamiento inadecuada rompe el necesario requisito de la causalidad exigido para declarar la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración.