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Es necesario individualizar la conducta del profesional médico para que haya condena penal

El pasado 20 de marzo de 2018, el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Guadalajara dictó Sentencia en la que, se absuelve a los profesionales sanitarios, defendidos por Asjusa Abogados, del delito del que venían acusados, de lesiones por imprudencia profesional.

Se trata de un caso en el que se consideraba por la acusación que no se realizó una adecuada monitorización al ingreso de la paciente y que, por otro lado, pese a presentar ésta una metrorragia abundante, dicha circunstancia fue ignorada, pese a que ponía de manifiesto la posible existencia de desprendimiento de placenta con el consiguiente riesgo para la madre y para el feto;  no indicándose la realización de la cesárea hasta tiempo después, lo que propició que la hija de los denunciantes presentara importantes secuelas.

La sentencia analiza de forma completa los requisitos de la responsabilidad profesional en materia sanitaria, estableciendo que la culpa, sobre todo en lo que al nivel de lex artis se refiere, no la constituye un mero error científico o de diagnóstico, salvo cuando quede constancia de la existencia de un error cuantitativo o cualitativo de extrema gravedad, pues la medicina no es una ciencia exacta, sino de difícil aprehensión y no se le puede exigir por ende las exactitudes o precisiones propias de otras ciencias como las matemáticas, y que no toda negligencia causante de daños o perjuicios es constitutiva de imprudencia penal.

Por otro lado, se recoge que el principio de legalidad que inspira el Derecho Penal español, exige la individualización de la responsabilidad criminal de los acusados, y que en este caso, los peritos de la acusación particular acudieron a “generalizaciones censurables”, dado que no fueron capaces de “individualizar en ninguna de las acusadas su responsabilidad criminal por la mera infracción de las normas que les exigían el conjunto de buenas prácticas que componen la lex artis en cada una de sus especialidades profesionales”.

De hecho, con posterioridad, se destaca que el perito de la acusación “viene a censurar y criticar la actuación de las acusadas de forma global, sin ofrecer un razonamiento claro y convincente”, lo que impide que deba desvirtuarse la presunción de inocencia, al no existir verdaderamente una prueba de cargo contra los acusados.

Todo ello en relación con la circunstancia de que no se concretaba convenientemente por la acusación cuáles eran las actuaciones reprochables y constitutiva de delitos por parte de los profesionales acusados.